1889.- Una intensa actividad administrativa ocurría durante el mandato de Marcos N. Juárez, quien había asumido la gobernación de Córdoba, el 17 de mayo de ese año. En disposición de dar mayor organicidad a las finanzas de la provincia y como consecuencia de haberse atisbado los síntomas de una crisis a desatarse en forma violenta al año siguiente, la legislatura sancionó una ley relativa a la contribución directa.

El 10 de septiembre de 1889, Juárez promulgaba aquel instrumento legal, en decreto refrendado por su ministro de Hacienda, Dámaso E. Palacio. El artículo inicial expresaba que toda “propiedad rural o urbana comprendida en el territorio de la provincia, pagará una contribución anual de medio por ciento sobre el valor venal y corriente determinado con arreglo a las prescripciones de la presente ley”.

Dicha cláusula no comprendía a los “establecimientos destinados al culto público, los Conventos y Monasterios, los Hospitales y sus propiedades, Asilos de Mendigos. Asilo de Huérfanos, el Colegio de educandas, Casas de Beneficencia, cementerios, paseos públicos, Universidades, Colegios y Bibliotecas, y en general toda propiedad nacional, provincial o municipal y los edificios exclusivamente construidos o adquiridos para ser destinados a la instrucción pública, siempre que estén bajo la inspección del Consejo Provincial de Educación”. Dicha ley fue acompañada por otra de Contribución de Patentes y la de Sellos.

E.U.B.